El plan del gobierno danés para establecer un Defensor del Pueblo de los Medios, con amplios poderes legales, ha generado una fuerte oposición por parte de importantes organizaciones defensoras de la libertad de prensa. La Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y el programa Media Freedom Rapid Response (MFRR) advierten que esta iniciativa podría socavar la independencia del sistema mediático de Dinamarca, en lugar de fortalecerla.

La propuesta, presentada en enero de 2025 por el Comité Danés de Responsabilidad de los Medios, otorgaría al Defensor del Pueblo la autoridad para iniciar investigaciones por difamación, denunciar casos directamente a la policía e incluso intervenir en procedimientos civiles. Los críticos argumentan que esta concentración sin precedentes de poder en un organismo designado por el Estado amenaza la separación fundamental entre el gobierno y la prensa.

El Centro Europeo para la Libertad de Prensa y los Medios (ECPMF) advirtió que tales poderes corren el riesgo de permitir la intimidación judicial de los periodistas y podrían debilitar al Consejo de la Prensa independiente, al permitir que el Defensor del Pueblo influya en sus decisiones. Las organizaciones de medios nórdicas y los organismos internacionales de vigilancia han expresado estas mismas preocupaciones, instando al gobierno danés a abandonar el plan.

Si bien los defensores de la reforma argumentan a favor de una mayor ética mediática y la confianza pública, las organizaciones defensoras de la libertad de prensa insisten en que los riesgos de la injerencia política superan con creces cualquier beneficio potencial. Hacen un llamamiento al gobierno para que se involucre con los actores del sector de los medios, a fin de garantizar que las reformas se ajusten a los estándares europeos y protejan la larga tradición de periodismo independiente de Dinamarca.